SISTEMA PENITENCIARIO CUBANO: Dignidad, igualdad y no discriminación en los derechos humanos

Cuba cuenta con un sistema de control sistemático de los centros penitenciarios y lugares de detención que ha demostrado efectividad, refirió la Fiscal Jefa.

Al triunfo de la Revolución, el sistema penitenciario que heredó el país carecía de condiciones para proteger los derechos de los internos. Caracterizada hasta entonces por la corrupción judicial y el trato inhumano a los sancionados, la política penitenciaria debió transformarse profundamente en la etapa revolucionaria en aras de garantizar una atención integral y digna de la condición humana.

El respaldo jurídico a esos propósitos alcanzó su máxima expresión en el texto constitucional promulgado en 1976, uno de los ejercicios más democráticos realizados por el pueblo cubano que refrendó las garantías —entre otras— del respeto a los derechos de los reclusos, en condiciones de igualdad con sus semejantes.

De acuerdo con la Fiscal Jefa de la Dirección de Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios, Hortensia Bonachea Rodríguez, “los derechos de los privados de libertad que se consignan en la preceptiva legal y reglamentaria tienen concreción práctica en la obra de la Revolución; a pesar de múltiples crisis económicas y el acecho y amenazas a que hemos estado sometidos, podemos hablar de dignidad, de no discriminación y también de igualdad, no solo la teórica ante la Ley, sino de una igualdad real en la sociedad”.

“Las normativas que regulan la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad —explica la Fiscal Jefa— son de obligatorio cumplimiento y se aplican de manera imparcial sin hacer distinción de raza, color, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Su incumplimiento está proscrito y es sancionado por la Ley”.

DERECHOS PARA TODOS

La organización de un subsistema educacional en las prisiones para la enseñanza general y técnica, y la incorporación voluntaria de los internos al trabajo con remuneración salarial, siguiendo las normas vigentes laborales para cualquier otro ciudadano, constituyen dos de los logros del sistema penitenciario en el país.

Actualmente permanecen vinculados al estudio en diferentes niveles de enseñanza, o se capacitan en algún oficio, internos que una vez en libertad están mejor preparados para enfrentar la vida.

La política penitenciaria de la Isla —que armoniza con las normas internacionales sobre el tema— promueve además la ayuda económica a los familiares de los reclusos que lo requieran, previa solicitud de ellos o de sus familias.

Otra de las particularidades de ese sistema, señala Bonachea Rodríguez, es la garantía que ofrece en cuanto a la asistencia religiosa de manera individual y colectiva a los internos que lo soliciten; a lo que se suma la aplicación de un régimen progresivo como método para el cumplimiento de las sanciones privativas de libertad.

“Los internos tienen derecho a progresar de régimen, a la rebaja de sanción de 60 días por año cumplido, a la concesión de la libertad condicional o a la suspensión de la medida impuesta siempre que hayan cumplido los requisitos de término y conducta previstos en la Ley y en el Reglamento del Sistema Penitenciario”, indicó.

Asimismo, la Fiscal Jefa de Control de la Legalidad acotó que entre los avances experimentados en el Sistema Penal Cubano figuran también la ubicación de mujeres en centros penitenciarios para ellas, directamente atendidos por personal femenino; y el tratamiento diferenciado a jóvenes que se ubican en establecimientos para esa categoría o en áreas separadas de las prisiones de adultos.

LA LABOR DE LA FISCALÍA

Además del sustento legal que protege los derechos de los internos, existen mecanismos establecidos para asegurar su ejercicio y hacerlos efectivos.

“Uno de estos —enfatizó Bonachea Rodríguez— está relacionado con el derecho de queja y petición. En ese sentido todos los organismos del Estado están obligados a recepcionar, tramitar y responder los planteamientos de la población al respecto.

No obstante, es la Fiscalía General de la República la principal garante de esta actividad; de ahí que se hayan establecido proyecciones de trabajo dirigidas a la reducción del término de las investigaciones de las quejas, y a ofrecer siempre que sea posible una respuesta personal.

“Para ello, en todas las instancias de la Fiscalía existen fiscales facultados para realizar inspecciones con el fin de comprobar el cumplimiento de la legalidad en los centros penitenciarios. De esa forma se garantiza que el respeto a los derechos individuales de los reclusos, y en particular a la legalidad en la ejecución de las penas, esté asegurado por una autoridad legalmente habilitada que no pertenece a la Administración Penitenciaria”.

—¿Qué sucede si se detectan irregularidades en esas acciones de control?

“Si se detectan anomalías, el fiscal emite una Resolución para que se restablezca la legalidad quebrantada. Este instrumento jurídico tiene fuerza vinculante, o sea, que es de obligatorio cumplimiento por parte del órgano, autoridad o funcionario al cual se dirige. Ellos dispondrán de un plazo de 20 días para informar al fiscal sobre las medidas adoptadas”.

“Puedo afirmar con responsabilidad que Cuba cuenta con un sistema permanente, de alcance nacional y con estructuras territoriales para la revisión, supervisión y control sistemático de los centros penitenciarios y lugares de detención que ha demostrado efectividad”.

Sesenta y cuatro años distan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, principios que la Revolución ha protegido adoptando como Ley primera, la dignidad plena del hombre.

“No pretendemos exhibir una sociedad perfecta —concluyó Bonachea Rodríguez—, de ahí nuestro empeño permanente en garantizar una mayor protección a los derechos de los ciudadanos”.

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