En el último mes y medio en Estados Unidos, cuando Obama apenas ha iniciado su segundo mandato en la Casa Blanca, han tenido lugar dos tragedias con el mismo nombre que nos llevan a preguntarnos por qué hay cuestiones fundamentales para la seguridad de los ciudadanos que no se han tratado lo suficiente hasta ahora, y que ninguno de los candidatos presidenciales, demócrata o republicano, ha abordado en su extensa campaña presidencial.
A finales de octubre, el huracán Sandy, considerado el segundo más costoso de la historia en la costa atlántica, nos ha recordado la importancia de hallar una solución al acuciante problema del cambio climático. El 14 de diciembre, la masacre perpetrada por un joven en la escuela de educación primaria Sandy Hook, en Newtown (Connecticut), la segunda con más víctimas en el país, y en la que fallecieron 27 personas además del asesino, reabre el debate nacional sobre la posesión de armas.
En los más de dos años que ha durado la campaña presidencial, uno de los temas en los que más se han extendido los aspirantes de ambos partidos al puesto más codiciado del país ha sido el de la seguridad nacional. Pero se han centrado principalmente en la amenaza exterior, ya sea el armamento nuclear en otros países o la inmigración indocumentada. No en otros puntos igualmente graves, como la falta de medidas frente al cambio climático o el fácil acceso a las armas que están poniendo en peligro la vida de la gente.
Respecto a los lamentables hechos en Sandy Hook en concreto, parece que la sucesión de tiroteos en masa con armas de fuego en este país en los últimos años, y que en el más reciente la mayoría de víctimas fueran niños, ha llevado a que se preste más atención a este tema para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
Aquellos que apoyan la posesión de armas, generalmente conservadores, alegan que es un derecho constitucional que los protege y los hace más libres. Según algunos de ellos, el problema radica en que no se dan los pasos necesarios para detectar y tratar a la gente con enfermedades mentales, como muchos de los que cometen crímenes como el de Sandy Hook. Señalan, además, que debería haber más policías y guardias de seguridad en las escuelas («Lo único que detiene a una mala persona con una pistola es una buena persona con una pistola», declaró en una rueda de prensa tras el atentado en Connecticut el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle, Wayne LaPierre). Y que debería lucharse para detener y encarcelar a los delincuentes («Una pistola es una herramienta. El problema es el criminal», insistió LaPierre pocos días después, y a pesar de la lluvia de críticas por sus declaraciones anteriores, durante una entrevista en el programa televisivo Meet the Press).
Pero hay una serie de argumentos poderosos a favor de una mayor legislación de la posesión de armas.
Por una parte, en los lugares donde se poseen más armas el riesgo de homicidio aumenta, según señalan los resultados de varias investigaciones académicas (Harvard Injury Control Research Center ha llevado a cabo una revisión de los estudios sobre el tema). En aquellos estados con más regulaciones en este ámbito hay menos muertes de este tipo, dato también demostrado empíricamente y recogido en statehealthfacts.org. Según este estudio, en 2007, 10,2 de cada 100.000 personas fallecieron por un arma de fuego (debido a un acto criminal, accidente, defensa propia o suicidio), y esa proporción varía considerablemente según el estado: por ejemplo, en Nueva York son solo 5 de cada 100.000, mientras que en Louisiana, 20,2. Un análisis minucioso de cada estado revela una correlación entre una legislación más estricta y un menor número de víctimas.
Por otra parte, culpabilizar al sistema de estos crímenes y no a la herramienta con la que se han ejecutado es desviar la atención del problema principal. Y contratar a más gente armada en todas las escuelas y otros centros del país (como salas de cine) comportaría un coste difícil de sufragar y, sobre todo, sería responder a la violencia con más violencia.
Los que defienden un mayor control del acceso a las armas piden, entre otras cosas, que se prohíba a los ciudadanos la adquisición de armas de asalto, que se restrinjan las ventas de las demás y que se compruebe exhaustivamente el historial del comprador (las armas del asesino de Newtown eran propiedad de su madre: dos pistolas y un rifle de asalto semiautomático, con el que disparó la mayoría de veces y que provoca heridas devastadoras, según informó el New York Times).
Parece que el Gobierno va a tratar de tomar medidas para que cambien las cosas en esta dirección. Y es que los razonamientos a favor de una legislación más estricta son claros, basados en hechos y datos empíricos. Como también lo son los argumentos para solucionar otros temas que también afectan la seguridad de los ciudadanos, como el cambio climático. Quizás habría que preguntarse por qué se ha hecho tan poco hasta ahora respecto a estas cuestiones.
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